Estacioneros de Maldonado sienten que las tarjetas de crédito se han transformado en un socio más de sus empresas

VECOMA toma la vanguardia en un conflicto de nivel nacional

Efectivo de día, tarjeta de noche. La lucha de las estaciones de servicio de Maldonado

En un comunicado público, los Vendedores de Combustible de Maldonado (VECOMA) explicaron que la mayoría de la estaciones de servicio del departamento están “atravesando una situación grave y que precisa una atención urgente”.

Según manifestaron los estacioneros, para poder equilibrar su déficit, Ancap suprimió un 10% de los ingresos de los estacioneros a partir del 1o. de enero de 2017, teniendo en cuenta que a diferencia del comercio en general, estos ingresos son fijos y no pueden ser modificados. Como consecuencia de esto, VECOMA anunció que se vio obligada a recortar gastos. “Para que la estaciones de servicio puedan seguir con vida y funcionando, es que dejamos de aceptar tarjetas de crédito y débito en el horario de 06:00 a 22:00”, recuerda el comunicado antes de explicar las razones que llevaron a ésta decisión. Según los estacioneros locales, entidades financieras y bancarias, se están “aprovechando de la nueva Ley de Inclusión Financiera (ley 19.210) para quedarse con un público cautivo de clientes y se aprovechan generando un monopolio implícito, cobrándole a los comercios aranceles impagables y transformándose estos en otro socio de los negocios”.

En números, la cuenta de los estacioneros determina que a las tarjetas de crédito y sus costos asociados, se les paga de parte de los expendedores de combustible $1,5 por litro de combustible vendido, que significa más del 25% de lo que ganan, “solo por una simple gestión electrónica”. El comunicado en cuestión enfatiza que el comercio en general está pagando esta bancarización impuesta, lo que genera desigualdad de condiciones, generando un mercado donde “no hay libre competencia”. Agregan que el Art. 64 de la nueva Ley de Inclusión Financiera obliga a que los costos arancelarios sean absorbidos por el comerciante, “lo que a todas luces es inconstitucional”, según remarcaron los estacioneros. Los integrantes de VECOMA exigen que para este sector los aranceles sean del 0% como ya lo están implementando algunas financieras, para poder seguir trabajando.

Grave e ilegal

El Dr. Julio Facal, asesor legal de los estacioneros de Maldonado, agregó detalles sobre el tema en una nota brindada a radio Sarandí. “Estos aranceles siguen siendo lo más altos de la región”, dijo y agregó que el costo asociado de aceptar tarjetas en un comercio común va cercano al 10% porque hay que agregar todos los costos administrativos. En el caso de las estaciones de servicio, si bien el arancel es más bajo, en virtud de las ganancias se quedan con un alto porcentaje de la misma. “Quien perjudica al turismo no es el estacionero que simplemente reivindica la posibilidad o no de aceptar tarjeta. El gobierno no puede en la intención de bancarización a la población, obligar a un comercio a aceptar tarjetas de crédito, porque tiene un costo para el comercio, podría obligar a aceptar tarjeta si tuviera costo cero”, explicó el profesional.

Sentenció el asesor que cuando se estudian los temas de competencia lo primero que se plantea es el mercado relevante, acá no hay mecanismos sustitutivos en el mercado que compitan con la tarjeta de igual a igual. “Esto quiere decir en buenos términos que el comerciante que no acepta tarjeta, en general está destinado a no vender. La medida que toman los estacioneros es una medida fuerte para ellos, pues las tarjetas a partir que toman el negocio tienen cautivo a usuarios y comercios”, indicó. Admitió además que como los comerciantes no pueden optar, las tarjetas han impuesto sus condiciones, arancel, formas de pago, o por ejemplo en el caso de los comercios en general cuando el pago es en cuotas todo el arancel se descuenta en la primera cuota. “Los estacioneros reivindican que para el caso de aceptar uso de tarjeta se pueda trasladar el costo de la misma al usuario, lo que permita incentivar el uso de contado con descuentos u otros incentivos”. “Que el comerciante no pueda diferenciar contado de crédito es grave e ilegal”, estimó Facal. Concluyó sus declaraciones asegurando que cuando un comerciante sale a hacer una promoción por pago contado, “al otro día el sistema de tarjetas le envía una comunicación donde se le advierte que se le bloquearán todos los medios de pago en una clara practica anticompetitiva”.

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